El debate sobre la libertad individual versus el control de drogas es uno de los más polémicos en la sociedad y ha sido objeto de discusión durante mucho tiempo. El consenso sanitario y científico en la materia establecen que las adicciones, en efecto, son trastornos de la salud mental (DSM 5, 2013, pp. 481-590). Como en todo trastorno en salud mental, este debe ser visto desde una perspectiva bio-psico-social: existen desde elementos genéticos que constituyen factores de vulnerabilidad a-priori para el sujeto, como asimismo factores psicosociales, económicos y culturales que condicionan el psicodesarrollo de una persona. Todos estos factores, a su vez, interactúan entre sí. Además, entre el 50% y el 75% de los trastornos por uso de sustancias son comórbidos con otros trastornos, por ejemplo, la depresión. A su vez, de hecho, la mayoría de las personas que alguna vez prueban una sustancia, no desarrollan una adicción. En 2020, en todo el mundo, 1 de cada 18 personas de entre 15 y 64 años -284 millones de personas- (el 5.6 % de la población mundial), había consumido alguna droga en los 12 meses anteriores a la indagación. Pero sólo fue un 13% el que desarrolló una dependencia. (United Nations World Drug Report, 2022, p. 61)

No obstante, nuestras sociedades y culturas han solido verlos como fallas morales o debilidades de la conducta, y esto aún sigue siendo así en gran medida. Si nos colocamos en esta postura, es verdad que las adicciones se presentan ante la mirada de otra manera; su fenomenología es otra. En los trastornos mentales usualmente reconocidos como tales -supongamos, la esquizofrenia-, el sujeto no posee manera de controlar el advenimiento de sus manifestaciones patológicas. Cuando un sujeto presenta un brote psicótico, las alucinaciones simplemente “se despiertan” y advienen durante la fase aguda de la enfermedad, y el sujeto no puede hacer nada al respecto. En cambio, en verdad, la adicción es distinta en su fenomenología: requiere que el individuo tome la conducta deliberada de ir, conseguir la sustancia, y auto suministrársela. Aquí entra a jugar un rol el llamado “libre albedrío”, y es por ello por lo que al sujeto drogodependiente se le atribuyen debilidades morales y aptitudinales desde la perspectiva del pensamiento popular. Sin embargo, un problema de adicción es mucho más que el auto suministrarse la sustancia: existen diversos factores de riesgo que pre-condicionan al individuo, además de la posible existencia de otro trastorno ya en curso. Es por esto que a estos cuadros se los suele llamar “patologías duales”, es decir, hay una comorbilidad, una coexistencia muy frecuente entre un trastorno por uso de sustancias, y por ejemplo, una depresión preexistente, trastorno de ansiedad o ciertos trastornos de personalidad.

Debemos preguntarnos, ¿qué tan libre es el albedrío de una mente afectada por un trastorno de uso de sustancias…? No podemos considerar al sujeto drogodependiente como un agente racional en el proceso de toma de decisiones. La droga distorsiona la actividad cerebral (el órgano de la conducta), alterando sus patrones bioquímicos. (Kuhar, 2016, p. 64) ¿Qué tanto “libre albedrío” posee una persona adicta al crack o al fentanilo? Dice M. Romani en su prefacio a la obra del sociólogo Alain Labrousse que: “‘Droga’ es un término polisémico y polémico. Su sola mención evoca y despliega mitos, leyendas, representaciones sociales, que no son solo contextuales. Llevan implícito contenidos ideológicos y políticos con historia y con sentido”. (2011, p. 7)

El tema de la libertad frente al uso de drogas ha venido siendo uno de los debates sociales más candentes del mundo contemporáneo. Implica grandes conflictos geopolíticos, no solo dilemas sobre la valoración de la conducta y los consecuentes desafíos sanitarios. Por geopolítica aplicada a la cuestión de las drogas, entendemos los conflictos de poderes para el control de territorios, de sus riquezas y del factor humano involucrado en la producción de la materia prima, la elaboración y síntesis final de la sustancia para el consumo. (Labrousse, 2011, p. 13) Esto implica la existencia de grandes mafias vinculadas ciertamente a las estructuras políticas y estatales de diversos países (y no únicamente del mal llamado “tercer mundo” como algunos podrían creer). También implica la existencia de grandes problemas públicos a nivel jurídico y penal. En 1971, el presidente Nixon declaró que las adicciones a las drogas eran el enemigo público número uno en USA, y desde ese entonces, la población carcelaria ha aumentado tanto en dicho país que se trata del país del mundo con más prisioneros per cápita, tanto en cárceles estatales como privadas (Thornton, 1991, p. 125.). USA representa sólo el 5% de la población mundial, pero más del 20% de la población mundial encarcelada; más aún que en regímenes totalitarios como China.

Por un lado, los detractores de la libertad de elegir qué consumir señalan la probabilidad de canalización de los recursos a través de la producción y el comercio de drogas, el aumento de la criminalidad y el impacto para la salud pública. Por el otro lado, como hemos sugerido, se alzan voces que consideran que la libertad de abastecerse de sustancias controladas o ilícitas se basa en el principio fundamental de la libertad individual. Desde esta perspectiva, el uso de drogas es visto como un asunto privado sin necesidad de intervención del Estado. No cabe duda de que este dilema ha suscitado permanentes debates entre quienes abogan por la libertad personal y los que piensan que el Estado debe ser el árbitro de lo que es aceptable o no para el bien común.

Por un lado, entonces, existe la creencia de que las personas deben tener la libertad de elegir lo que consumen y cómo viven sus vidas, mientras no hagan daño a otros. Esta es la postura liberal-libertaria en la materia. ¿Debe acaso el Estado intervenir en la libertad individual de elegir o no el consumir sustancias psicoactivas? Si la presunta intención de ello es “cuidar” al ciudadano de sí mismo, ¿por qué no entonces prohibir las tiendas de comida chatarra para prevenir la obesidad…? Después de todo, mueren muchas más personas mundialmente por accidentes cardiovasculares que por consumo crítico de sustancias. De hecho, el Estado no posee intervención nula en este terreno: los supermercados están inundados de productos etiquetados en donde el Ministerio de Salud Pública menciona “exceso de azúcares”, “exceso de grasas trans”, “exceso de grasas saturadas”, etc. ¿Dónde trazar la línea si deseamos un modelo de sociedad donde se respete la libertad individual, y quién la traza? ¿En nombre de qué…?

Tal como vemos aquí, el abuso de drogas ni siquiera aparece entre las 20 principales causas globales de muerte, estando ampliamente precedida por las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, infecciones, enfermedades digestivas, suicidios, enfermedades neonatales u homicidios, entre otras.

En Turkmenistán, su gobernante autócrata Gurbangulí Berdimujammédov prohíbe los vehículos de color negro; todos deben estar pintados de blanco, simplemente porque él lo ordena así. Si alguien deseara expresar interés por un coche, supongamos, de color negro, ello se pena incluso con cárcel. Visto desde afuera en Occidente, esto parece algo risible y un chiste de mal gusto, pero para quienes viven en ese país, tener un coche negro no es distinto que tener en sus manos 1 kilogramo de cocaína en USA o en Uruguay.

**Estatua de oro en honor al dictador de Turkmenistán**

Por el otro lado, en efecto, existe la preocupación por las consecuencias negativas de las drogas en la salud y el bienestar de las personas, así como en la sociedad en general. Esta es la denominada postura intervencionista: ¿acaso tienen derecho ciertas personas a hacerse daño a sí mismas, recargando a la sociedad con los costos sanitarios de momento en que los sistemas de salud suelen estar socializados o semisocializados y se financian con los impuestos de todos los contribuyentes…? La postura intervencionista presupone, filosóficamente, que los individuos sean tratados como “menores de edad”, en el sentido conceptual que el filósofo germano Immanuel Kant le dio a esta expresión. En su obra "Was ist Aufklärung?" (“¿Qué es la Ilustración?”), Kant plantea que muchos individuos dependen de la orientación y la autoridad de otros, como ser figuras políticas, líderes religiosos o expertos que puedan conformar una tecnocracia, para guiar sus creencias y acciones. Esta presunta "minoría de edad" intelectual de muchas personas se debería a la falta de intrepidez y voluntad para pensar por sí mismas y ejercer su propia razón individual, lo cual se solucionaría mediante un proceso de asimilación de la Ilustración para una liberación propia. Animarse a pensar (“sapere aude”) sin la guía de un tutor moral o intelectual constituye así un acto de emancipación del sujeto. (Kant [1784] 2004, pp. 84 ss.)

En general, la postura de tolerancia cero hacia las drogas se basa en la idea de que las drogas son peligrosas y deben ser prohibidas para proteger la salud y el bienestar de la sociedad. Por otro lado, la postura de reducción de daños, una opción “más simpática”, se basa en la idea de que, dada la realidad de que algunas personas van a consumir drogas de todos modos, es importante minimizar los efectos negativos asociados con su uso y brindar a las personas acceso a servicios de atención médica y de salud mental de calidad.

¿Debe entonces el Estado, junto a su élite política y su tecnocracia, adoptar esta postura para “cuidar a los ciudadanos de sí mismos” respecto al consumo de drogas, o debe dejar a los individuos a su libre albedrío en la toma de decisiones? En general, la mayoría de las personas defenderían la idea de que el Estado no intervenga negativamente en sus elecciones y preferencias personales, tal como ha sucedido históricamente en regímenes que neutralizan la libertad y la propiedad privada individuales, como el socialismo soviético o las oligarquías estatistas corruptas de todas las horas. (Thornton, 1991, pp. 3 ss.)

La Historia muestra que la Ley Seca no funcionó en USA (Thornton, 1991, pp. 56 ss.), aunque también debe decirse que las consecuencias sanitarias del abuso y adicción al alcohol no son menores. Pero las personas nunca dejaron de acceder al alcohol a pesar de la Ley Seca en ese país -pues siempre se lo pudo conseguir de forma clandestina- o los altos impuestos al alcohol en Escandinavia. Existe una demanda, y si hay demanda habrá oferta, tal es la ineludible ley de hierro del mercado.

La postura de legalización de absolutamente todas las drogas (algunas ya son legales en Occidente, como el alcohol o el cannabis, este último por ejemplo en Uruguay) ha sido defendida por múltiples ideólogos y técnicos, que van desde las izquierdas (Antonio Escohotado), libertarios como Thomas Szasz, o liberales como Milton Friedman.

Comencemos mencionando la postura de Milton Friedman, economista Premio Nobel, y perteneciente a la Escuela de Chicago de economía, usualmente denominada por sus detractores como “neoliberalismo”, concepto que no existe dentro de la corriente de pensamiento liberal, pero sí creado desde fuera como arma semántica de condena y señalización ideológica. En una entrevista concedida por el periodista Randy Paige para el America’s Drug Forum en 1991, Friedman expresa su postura.

Friedman fue partidario de legalizar todas las drogas. Su principal perspectiva y argumento es que esto daría fin al mercado negro, y por tanto a los oferentes de las drogas por fuera de la ley que se transforman en peligrosas bandas y cárteles criminales, creando serios problemas de seguridad pública, sanitarios (el usuario no conoce la calidad de la sustancia que consume), homicidios, corrupción pública y problemas carcelarios. Además, en países como USA (no así en Uruguay), el individuo se convierte en un criminal por el mero hecho de obtener la sustancia.

Si todas las drogas fueran legales, consumir drogas no sería distinto que consumir comida no saludable en una tienda de comida rápida. En su opinión, el crack (pasta base de cocaína) nunca hubiera existido de no ser que la cocaína se volvió muy costosa, precisamente en el mercado ilegal. Creemos que esto es discutible, pues el hecho de que un mercado sea mercado negro no hace que las leyes de oferta y demanda sean de otra naturaleza que en los mercados en general. ¿Realmente el crack surge por las incautaciones de la guerra contra las drogas…? ¿Si la cocaína se volvió más costosa, no será que simplemente comenzó a ser más demandada por quienes podían pagar por ella? No todos podían hacer esto, entonces surge una alternativa más económica como el crack.

Un punto muy interesante que plantea Friedman es que las intervenciones y guerra a las drogas por parte de los gobiernos desde el Estado, termina beneficiando a los grandes monopolistas y cárteles de las drogas. Ejemplo: si un pequeño emprendedor quisiera introducirse en el negocio de compra y venta de drogas, le sería imposible eludir los controles e intervenciones sofisticadas del gobierno. En cambio, sólo aquellos que poseen grandes recursos y capital previo acumulado, como aviones privados, armamento, infraestructuras, etc., pueden estar en condiciones de eludir los grandes controles legales. Por ende, los gobiernos con su guerra a las drogas benefician directa e indirectamente a los grandes señores del narcotráfico, quienes terminan siendo unos pocos monopolistas de este rubro. Podríamos ir un paso más allá y preguntarnos si acaso los gobiernos no son conscientes de esto, tras décadas de experimentación fallida, y exista acaso cierta complicidad entre ambos lados, por ejemplo, a la hora de obtener financiación en campañas o para “fomentar la inversión” (lavado de activos), típicamente en el rubro de las infraestructuras y bienes inmuebles. En el combate oficial a las drogas, se efectúan por ejemplo grandes campañas de fumigación de grandes hectáreas en países como Colombia. A principios del siglo XXI, USA había fumigado 33.330 hectáreas de plantaciones de cannabis. (Labrousse, 2011, p. 37) Esto es un poco engañoso, dado que el cannabis es voluminoso y visible de transportar, por lo que es más sencillo “combatir”. No se puede decir lo mismo de la cocaína, menos aún del fentanilo, del cual de 1 kilogramo de Fentanilo se extraen más de 1 millón de dosis, transportables en algunas maletas.

Otro punto interesante, es que Friedman admite que legalizar las drogas traería cierto monto de “drogadictos adicionales”. (YouTube, [1991] 2008) De hecho, se sabe que el monto de exposición y la disponibilidad de la droga constituye un factor de riesgo para el trastorno de uso de sustancias. Afirma el Doctor Michael Kuhar: "El principal factor para convertirse en un consumidor de drogas es, obviamente, la disponibilidad de las mismas. Si no hay disponibilidad de drogas, entonces no habrá consumidores. Sin embargo, las drogas están disponibles en muchos lugares y permanecer lejos de ellas es fundamental en la recuperación de la adicción (y para todo el mundo claro está)." (Kuhar, 2016, p. 106)

Esto es un hecho fehaciente. En Uruguay, a partir de 2013 se aprobó la ley que legaliza la producción tutelada por el Estado de cannabis, siendo su instrumentación algo posterior. Si bien el mercado ilícito no ha desaparecido ni mucho menos (ambos co-existen y hasta compiten), el consumo de cannabis no ha hecho sino aumentar:

Figura: Evolución del consumo de cannabis en Uruguay en el período 2001-2017.

***Nota: Datos de la encuestadora local Factum publicados en el semanario uruguayo Búsqueda. Los datos llegan al año 2017.***

Aquí podemos apreciar que la tendencia desde comienzos de siglo siempre fue en ascenso, tanto para consumidores ocasionales (línea de color lila) como para los consumidores más habituales (línea de color verde). No obstante, precisamente en el momento de la legalización, se observa un punto de inflexión que marca una tendencia aún más ascendente. Esta suerte de experimento sociológico en Uruguay confirma que la intuición de Friedman era acertada: hubo y habrá más consumidores adicionales.

Y este es el punto débil de la argumentación de Friedman, pues quizás su postura resuelva el problema de la criminalidad asociada a los cárteles de la droga, pero no resuelve las consecuencias sanitarias de los individuos frente a la sociedad. En nombre del libre albedrío el individuo es libre de drogarse, pero tanto en USA como en muchos países, ya sea el gobierno federal o los gobiernos nacionales subsidian con el dinero de todos los contribuyentes a los sistemas de salud. Por lo tanto, la libre decisión, la free choice del individuo también termina por afectar a otros: el asumir los costes de los perjuicios sanitarios. Quizás, para que este sistema funcione coherentemente, se debería ir hacia un modelo de atención en salud de gestión casi 100% privada, como sucede en Singapur. Y que cada individuo sea verdaderamente responsable de su “free choice” sin afectar a otros con los costes de sus decisiones.

Presentemos ahora algunos argumentos del psiquiatra Thomas Szasz, aún más radicales que los de Friedman. Our Right to Drugs. The Case for a Free Market de 1992 (Nuestro derecho a las Drogas), es la obra donde este médico psiquiatra (perteneciente a la denominada corriente de la Anti-psiquiatría) expone sus tesis sobre el asunto de las drogas. Szasz parte del supuesto de que deseamos drogas por la misma razón que deseamos otros bienes en general. Afirma que: "Deseamos drogas para mitigar nuestros dolores, curar nuestras enfermedades, acrecentar nuestra resistencia, cambiar nuestro ánimo, colocarnos en situación de dormir, o simplemente sentirnos mejor, de la misma manera que deseamos bicicletas y automóviles, camiones y tractores, escaleras y motosierras, esquíes y columpios, para hacer nuestras vidas más productivas y más agradables.” (1992, p. 20) Para Szasz, tanto los impuestos como la prohibición de drogas son intervenciones coactivas y violentas del Estado, y ambos se justifican ideológicamente ante todo sobre fundamentos paternalistas. El Dr. Szasz llega a afirmar que muchos presuntos programas anti-drogas y tratamientos para las mismas son “dogmas religioso-terapéuticos” coactivos que enmascaran una política estatal de retroceso en derechos constitucionales, pues el derecho a mascar cáñamo sería incluso previo al derecho al sufragio, dice. La guerra contra las drogas, asevera, es una cruzada moral puritana que porta una máscara médica (1992, p. 93), donde los sujetos van a parar a campos de concentración mental. Semejante intervencionismo, implica una sovietización del mercado de las drogas, y esto nos habría conducido a vivir en un orden social y económico que es un “comunismo químico”: "Dado que llamamos «socialismo» (o «comunismo») al control estatal sobre la producción y distribución de bienes y servicios, sugiero que llamemos al control estatal sobre la producción y distribución de drogas «socialismo (o comunismo) químico»." (1992, p. 130) Con un estilo mordaz y muy irónico, el libertario y psiquiatra Thomas Szasz ataca incluso a lo que él pareciera considerar una nefasta derecha política norteamericana:

"En 1979, cuando Ronald Reagan fue candidato a la presidencia lo hizo como conservador, con C mayúscula. Los liberales eran hippies que habían fumado marihuana, incitado a sus novias a practicar abortos y descuidado a sus hijos. Tal era, al menos, la imagen estereotipada de los demócratas liberales para los republicanos conservadores. Por el contrario, los conservadores —ejemplificados por Ronald y Nancy Reagan— representaban la moralidad, la tradición y los valores familiares. Estas afirmaciones, en mi opinión, pasarán a la historia como las hipocresías más transparentes de la presidencia Reagan. Fueren cuales fueren las iniquidades cometidas en nombre de las drogas por los predecesores de Reagan, fue él quien, repitiendo un estúpido eslogan contra las drogas, enseñó a los chicos americanos a espiar a sus padres y denunciarlos a la policía. (…) Cultivaron una de las más grandes, características y despreciables prácticas de los grandes estados socialistas del siglo XX: volver a los hijos contra sus padres en una guerra santa contra los enemigos del estado.” (1992, p. 113)

**El presidente Reagan junto a su esposa**

La solución no estaría en enseñarle a nuestros hijos parámetros prohibicionistas y puritanos, sino buenos hábitos de consumo, afirma. (1992, p. 121) Esto -creemos- se asemeja mucho al modelo de reducción de daños. Szasz rechaza la legalización de las drogas, pues esto sería simplemente otro esquema más de supervisión tutelado por el Estado, interviniendo sobre el mercado de las drogas. (1992, pp. 131 ss.) Un buen ejemplo de lo que Szasz plantea sería la legalización del cannabis en Uruguay. Simplemente se debería desregular y no penalizar la producción y consumo de drogas, del mismo modo que las hamburguesas con alta carga calórica no están penalizadas. Szasz lleva al extremo la lógica de todo esto, al borde de una concepción nihilista de la libertad, afirmando lo siguiente:

"Como gozamos de un libre mercado de alimentos podemos comprar cualquier cantidad de jamón, huevos y helado que queramos y podamos permitirnos. Si tuviéramos un libre mercado de drogas podríamos de igual modo comprar todo el hidrato de cloral, la heroína y el Seconal que quisiéramos y pudiéramos permitirnos. Seríamos entonces libres de morir fácil, confortable y seguramente —sin necesidad de recurrir a medios de suicidio violentos o acabar involuntariamente vivos, «agonizando» en un hospital—.” (1992, p. 186)

**Edición anglosajona de la obra de Thomas Szasz “Nuestro derecho a las drogas”.**

La controversia alrededor de este asunto se centra en determinar hasta qué punto es razonable limitar la libertad individual para disminuir los daños relativos a la salud y la criminalidad. Sin embargo, la solución a este enfrentamiento no es tan sencilla como decidir entre libertad y restricción. Se debe trabajar en una visión de legalización posible basada en un balance entre los derechos individuales y las necesidades sanitarias atravesadas por el Estado, particularmente aquellos ítems relacionados a la salud pública, la prevención del acceso a drogas y su consecuencia para la cohesión social.

Mencionemos algunos aspectos de la postura de Antonio Escohotado, intelectual y filósofo español. Escohotado comenzó su itinerario a la izquierda del espectro ideológico, para culminar sus días en la derecha liberal. Escohotado no hace distinción de base entre drogas y medicamentos; para él es meramente una cuestión de grado (2019, p. 18). Afirma que “fármaco”, del griego Phármakon, encierra la noción de que una sustancia puede ser ya el remedio o el veneno, dependiendo del grado y del uso. Si se desea objetividad en el asunto -dice- no se puede mezclar ética, derecho y química. (2019, p. 27) Escohotado recurre al casi argumento cliché de que el alcohol, siendo muy nocivo por su neurotoxicidad, se vende legalmente por todos lados, y que sobre la neurotoxicidad de otras drogas se tejen enormes especulaciones fantasmáticas. Afirma algo curioso: “(…) la psicotoxicidad es una versión moderna de la herejía teológica o la disidencia política, que carece de reflejo orgánico.” (2019, p. 29). Con esto, pareciera estar diciéndonos que la imagen que hemos creado sobre el peligro orgánico de las drogas es más ideológica (incluso metafísica) que lo que en verdad es. Sobre las benzodiacepinas, estas drogas para la “tranquilidad emocional”, se tratarían de una excelente sustancia fabricada por los laboratorios para la domesticación emocional y conductual de los individuos, siendo nulo su valor subjetivo para la introspección, la ideación y la creatividad. (2019, pp. 80-83)

**Antonio Escohotado, intelectual español.**

Habiendo visto algunas posturas libertarias al respecto, desde la visión intervencionista, la situación de libertad frente a las drogas exige una fuerte política de control, siendo el Estado quien en teoría nos cuida. Desde una concepción liberal-libertaria, basta con que el individuo cuide de sí mismo, e incluso es lícito que le ponga fin a su vida si así lo desea, y el Estado debe permanecer por fuera de nuestra órbita.

La cuestión de la libertad versus las drogas ilícitas es un asunto complejo que exige la asunción de responsabilidades por parte del Estado (mientras este siga existiendo), la sociedad y los ciudadanos individualmente. El equilibrio entre la libertad privada y el bien común debe ser reconocido como un principio fundamental para la convivencia y la seguridad de los miembros de una sociedad. La educación y la inclusión de los grupos sociales vulnerables son factores centrales para lograr el control apropiado, respetando las libertades individuales.

Entre lo lícito y lo ilícito: reflexión sobre la despenalización del consumo de drogas

Fuentes:

● Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM 5, fifth edition) (2013) Washington DC: American Psychiatric Publishing.

● Escohotado, Antonio. (2019) Aprendiendo de las drogas. Usos y abusos, prejuicios y desafíos. Buenos Aires: Paidós.

● Friedman, Milton. ([1991] 2008) Por qué deberían legalizarse las drogas (Video bilingüe). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=nLsCC0LZxkY

● Kant, Immanuel ([1784] 2004) ¿Qué es la Ilustración? Y otros escritos de ética, política y filosofía de la historia. Madrid: Alianza Editorial.

● Kuhar, Michael. (2011) The Addicted Brain. Why We Abuse Drugs, Alcohol, and Nicotine. New Jersey: Pearson Education.

● Labrousse, Alain. (2011) Geopolítica de las drogas. Montevideo: Trilce.

● Szasz, Thomas. (1992) Nuestro derecho a las drogas. Kindle Edition: Amazon.

● Thornton, Mark. (1991) The Economics of Prohibition. Salt Lake City: University of Utah Press.

● World Drug Report 2022. United Nations. New York. Recuperado de: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html